El rechazo al aborto o la unión civil homosexual era hasta hace algún tiempo asunto de sentido común en nuestro medio, pero ahora, como están las cosas, es menester hacer hincapié por lo menos en el rechazo a la última, pues todavía –y viéndosele por donde se le vea– el aborto todavía es largamente aborrecido, incluso en ciertos sectores “opinadores” acostumbrados a las extravagancias «modernosas». Ofreceremos, entonces, en nuestros siguientes artículos tres grandes razones para rechazar la Unión Civil Homosexual (en adelante UCH). Empezaremos hoy con la primera:
Porque es inconstitucional: Como demostró el abogado y excongresista Roberto Miranda en una carta abierta a Carlos Bruce, extrañamente silenciada por los medios, la UCH, tal y como fue planteada en el proyecto del congresista, es inconstitucional. Nuestro ordenamiento jurídico, tanto en la Constitución como en el Código Civil sostiene, tanto implícita como explícitamente, que el matrimonio es entre hombre y mujer, es decir, «natural», y por tanto, sustancialmente fecundo y que este instituto es la base de la familia. De ahí que esta unión o cualesquiera que se le parezca in radice –como el concubinato– son sujetos de protección por parte de la ley. Al Estado le interesa reconocer esa unión no por asuntos sentimentales o subjetivos de la persona, sino por la comunidad de bienes que surge de esta comunidad de personas, fecunda en todos los sentidos, consagrada por la tradición y defendida y apreciada por el pueblo. Esta escuela de ciudadanía y célula básica política, social, económica y espiritual es la que el Estado protege. No protege ni se inmiscuye en el complicado mundo de afectos y pasiones que pertenecen al fuero interno del sujeto. Por tanto, una unión no fecunda sustancialmente, altamente pasajera y signada por la inestabilidad (estadísticas en todos los países lo demuestran), inédita en la historia en cuanto reconocida y avalada por las leyes, y que, hasta la aparición del marxismo «sexual» y de la teoría de género, ni siquiera fue solicitada por los mismos homosexuales, no puede ser avalada por las leyes. Peor aún si, más allá de su título, pretende alterar el derecho familiar e incidir en el registro civil, como plantea el Proyecto Bruce.
El mecanismo es el mismo utilizado en la legalización del aborto por violación. Se pretende, mediante una forzada lectura garantista y «defensora de los derechos humanos», meter por la ventana dos circunstancias que van contra el ordenamiento jurídico, sin atreverse –como mandaría la ley– a realizar un proceso de reforma constitucional. Pero, como demostró en la década pasada el ministro Óscar Ugarte, violando una disposición del Tribunal Constitucional que  restringía la distribución de la «píldora del día siguiente» mientras no se demostrase fehacientemente que no tuviese ningún efecto abortivo, cuando un lobby o una «sociedad de pensamiento» se impone una meta, no conoce de ningún límite para alcanzarla. Mucho más si cuenta con grandes apoyos de Poderes extranjeros –y extraños–

 

“…una unión no fecunda sustancialmente, altamente pasajera y signada por la inestabilidad [..] no puede ser avalada por las leyes.”

Yura

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