CERCADO. En las próximas 48 horas, el juez Juan Pablo Heredia Ponce decidirá si el exdirigente antiminero del Valle de Tambo (Islay), Pepe Julio Gutiérrez, se queda o no por otros 12 meses en el penal de Socabaya.
La fiscal de Crimen Organizado, María Alejandra Cárdenas Ávila, sustentó la tarde de ayer el pedido de ampliación de prisión preventiva. Las razones: todavía quedan pruebas por recabar y testigos pendientes de declarar.
Cabe recordar que Pepe Julio Gutiérrez lleva 8 meses y 8 días en el penal de Socabaya. Cumplirá los 9 meses de prisión preventiva el próximo 14 de febrero. El dirigente fue enviado a la cárcel el 15 de mayo del 2015.
La Fiscalía acusa al exdirigente de extorsionar a la empresa Southern para poner fin a la protesta en contra del proyecto Tía María, en marzo del  año pasado.

AUDIOS POR DESCUBRIR
Según la Fiscalía, todavía queda pendiente visualizar los CD incautados en casa del abogado de Southern, Jesús Gómez Urquizo. El allanamiento se realizó el pasado 23 de diciembre del 2015.
Los objetos decomisados se encuentran en manos de la División de Investigación de Alta Tecnología de Lima para su estudio y análisis.
Asimismo, la fiscal Cárdenas sostuvo que Pepe Julio no presentó la liquidez de recursos económicos (obligaciones financieras) del 2015. “Esta pericia contable es importante para este proceso”, dijo durante la audiencia.
Agregó también que aún no se ha logrado reunir las declaraciones de René Yana, quien fue herido de bala durante un enfrentamiento entre la población y la Policía.
También faltan por declarar ante la Fiscalía Mario Roque y Javier Torres, ambos agricultores; y Eduardo Núñez, periodista cuya cámara fotográfica fue robada por integrantes de la turba de “espartambos” durante las protestas. En total suman alrededor de una docena de testigos que todavía no han declarado ante la Fiscalía.
En tanto, la abogada del exdirigente, Viviana Laura, sostuvo que el pedido de la Fiscalía no debería proceder por tratarse de solo un delito, por el que Pepe Julio fue enviado a prisión.
“Nosotros pedimos una resolución razonable, teniendo en cuenta que solo fue el delito de extorsión agravada en tentativa de agravio en contra del Estado”, aclaró.
La abogada defensora agregó que los otros dos delitos: extorsión y asociación ilícita para delinquir, no fueron considerados para dicho mandato de prisión preventiva.
Finalmente, Laura sostuvo que confía en que la resolución del juez sea favorable para Pepe Julio y que, en febrero, el exdirigente logre volver a casa.

DOCE MESES MÁS
Cabe destacar que la Fiscalía pidió la ampliación de 12 meses más contra el exdirigente.
Sin embargo, el juez solo podría ampliar otros 9 meses porque Pepe Julio ya lleva casi 9 meses en prisión. Ocurre que la ley solo permite 18 meses de prisión preventiva en contra de una persona.
La fiscal pidió 3 meses más (12 meses en total) para la etapa final del juicio.

 

Texto: Boris Quispe Flores
bquispe@editoramultimedios.pe

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