El gobierno modificó, mediante un decreto supremo, la norma de la Ley N° 28592 que creó el Plan Integral de Reparaciones para que las víctimas de la violencia política sucedido en el país entre los años 1980 y 2000 puedan transferir su derecho a reparación en educación a hijos o nietos.

Según el DS 001-2016-JUS, publicado el viernes pasado, en el diario oficial El Peruano, permite a descendientes directos hasta segundo grado de consanguinidad de los afectados debidamente inscritos en el Registro Único de Víctimas, beneficiarse con becas y toda ayuda del Estado en materia educativa.

El beneficiario de la trasferencia tendrá un plazo de 5 años, desde la fecha de inscripción, para ejercer su derecho a reparación educativa.

Las modalidades de la transferencia son: otorgamiento de becas, reserva de vacantes en exámenes de admisión en instituciones educativas públicas de nivel técnico y superior; exoneración de pagos de matrícula, pensiones, derecho de examen de ingreso, grados y títulos académicos, certificados de estudios y servicios de comedor y vivienda.

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