A fines de noviembre del 2015, el gobernador regional anunció la implementación de 258 módulos de aulas prefabricadas. El costo total del proyecto asciende a 2 millones 317 mil nuevos soles, financiados por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied). El Gobierno Regional Puno (GRP)  instauró el “Proyecto mejoramiento de servicios educativos en materia preventiva ante emergencias”, a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social.

Documentos a los que tuvimos acceso, revelan que algunos  servidores cobran indebidamente a los alcaldes, aprovechando la necesidad en esta época escolar.

Las quejas no se hicieron esperar y obligaron a que el último 23 de marzo, el gerente general del GRP, Ernesto Calancho Mamani, dirija el Memorándum 163-2016 al titular de Desarrollo Social, Rubén Cervantes Mansilla, exhortándolo a que adopte acciones preventivas en torno a cobros indebidos.

“No existe ninguna disposición por parte del Gobierno Regional Puno, para cobrar por concepto de distribución, traslado e instalación de las aulas prefabricadas en las instituciones educativas de la región… está terminantemente prohibido efectuar cobro económico, ya sea en forma directa o por terceros, bajo responsabilidad de ley”.

Ese mismo día, luego de recibir este enérgico documento, el gerente de Desarrollo Social, cesa en sus funciones al coordinador de dicho proyecto, Leoncio Aguilar Lipa, bajo Memorándum 169-2016-GR.PUNO/GDS. “Este despacho gerencial dispone la conclusión de sus funciones como coordinador del ‘Proyecto mejoramiento…, por lo que se le agradece por sus servicios, debiendo hacer entrega del cargo en el término de la distancia…”.

NO TIENE AUTORIDAD

Sin embargo, dicho servidor continúa como coordinador, a pesar que el 28 de marzo se efectuó una constatación en la que debería entregar el cargo, pero antes que venga la fiscal salió de las instalaciones de la ex COOPOP de Juliaca (donde funciona el proyecto).

Eso no es nada, pues al día siguiente, designan a Luz María Churata para que reemplace a Leoncio Aguilar, tampoco le entregan el cargo.

Llamamos al gerente de Desarrollo Social pero no contestó a sus celulares. Nos dijeron que  se encontraba fuera de Puno.

La consejera regional de Lampa, Zaida Ortiz Vilca, confirmó a Sin Fronteras que el alcalde de Cabanilla denunció verbalmente que servidores de ese proyecto le cobraron por el envío de aula, entre 5 y 6 mil soles.  “El alcalde dijo que no estaba en la posibilidad de pagar, además no tenía por qué pagar”, especificó.

Texto: Kevin Moncada Xespe
kmoncada@editoramultimedios.pe

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