Puno. El electo congresista Alberto Quintanilla, llamó la atención sobre el peligro de que la empresa a cargo del estudio del proyecto Graña y Montero consiga un trato abusivo para construir las plantas de tratamiento, aprovechando la presión ejercida por el pueblo puneño.

“La huelga está plenamente justificada”, dijo sobre la medida, sin embargo, recordó que un posible alto precio lo pagaremos todos, puesto que gran  parte del presupuesto sale de las arcas públicas, al final de cuentas, a pesar de que la obra se promocione como de una alianza público privada.

Por su parte, el analista Pablo Najarro se mostró de acuerdo con su punto de vista precisando que al objetivo final de la empresa es obtener una concesión de largo plazo para obtener ganancias a costa de recursos de los puneños. Tal como Alberto Quintanilla recordó, que obras largamente anheladas por el pueblo, como la carretera Transoceánica, finalmente tuvieron precios exorbitantes pagados por todos los peruanos. Ambos pidieron más transparencia en los detalles técnicos del proyecto y un proceso de selección justo con posibilidades para empresas competidoras de Graña y Montero.

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