Puno. Luego de 10 años de proceso, el expresidente regional David Jiménez Sardón, será sentenciado. La Segunda Fiscalía Superior Penal de Puno, solicitó 15 años de pena privativa y distintas penas para otros 7 funcionarios implicados en el caso, por los delitos de corrupción, colusión desleal y malversación de fondos.

EL CASO
En enero del año 2003, el altiplano puneño se inundó. Los ríos Ramis, Suche, Azángaro, Huancané, Coata, Huatasani, Achasiri, Nuñoa y Muñani se desbordaron. El Instituto de Defensa Civil reportó 8 personas fallecidas, 18 mil 75 damnificados y al menos 40 mil 956 afectados. Fue todo un drama para miles de puneños.
La respuesta del Gobierno fue declarar en emergencia a la región y asignar en un principio poco más de 9 millones de soles, cifra que se incrementó hasta llegar a los 20 millones 853 mil soles. El fondo era para reparación de carreteras y entrega de ayuda humanitaria, principalmente.
El dinero fue a dar a las manos del entonces presidente de la región David Jiménez Sardón, recordado un poco por explotar el sentimiento de pertenencia quechua y aymara, pero más por sus escándalos dentro del gobierno regional. Eran 20 jugosos millones de soles.
Los investigados por la Fiscalía inicia con la firma de un convenio entre Jiménez y el director del Proyecto Especial Carretera Transoceánica, Marcos Emilio Castro Suero. A dos meses de las inundaciones, las carreteras de la región eran una calamidad, pero los firmantes tenían otras prioridades.
Ellos se apresuraron a concretar 11 contratos, previo acuerdo bajo la mesa o, mejor dicho, dentro del hotel. Las pesquisas de la Fiscalía determinaron que el hotel Conde de Lemus fue escenario para las reuniones los que manejan los millones y los empresarios. el intermediario fue Guillermo Benjamín Almanza Cabrejos , hombre cercano al entonces presidente regional.
El acuerdo fueron los contratos de paquetes de obras a cambio del acostumbrado “diezmo”, es decir el 10 % total de la adjudicación de cada paquete de obra. La posición fiscal se sustenta en las irregularidades que vinieron en el amañado proceso de adjudicación.
Entre la infinidad de irregularidades constadas en la investigación, se dieron 3 días para presentar las propuestas cuando debían ser 7 y, en el colmo de la “conchudez”, se recibieron propuestas de los ganadores después de publicados los resultados.
Todo orquestado directamente por los miembros del comité especial para las adjudicaciones, José Carlos Pérez Álvarez y Augusto García Bernal, de acuerdo a lo sostenido por la Fiscalía.
Los 11 tratos se concretaron el 14 de mayo. El dinero que era para la gente se fue en quien sabe qué lujos o usos privados. Las obras se ejecutaron mal. Un informe del ingeniero Santos Zeballos, determina que los trabajos de carreteras y puentes declarados en emergencia solo se cumplieron parcialmente.
Y no solo eso, sino que prácticamente absorbieron todo lo que pudieron, aprovechando la compra de módulos que nunca más aparecieron; le dieron un destino distinto al combustible, materiales y otros insumos. Así fue tal festín de nada menos que 20 millones.

El Abasto

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