El Primer Juzgado Constitucional de Lima dictó una medida cautelar a favor de la entrega gratuita del anticonceptivo oral de emergencia (AOE) o píldora del día siguiente en los centros de salud públicos del país.

En ese sentido, estableció que el Ministerio de Salud (Minsa) tiene un plazo de 30 días para redistribuir este fármaco en todos los centros de salud a nivel nacional.

El juzgado declaró fundada la medida cautelar presentada por la ciudadana Violeta Cristina Gómez y la ONG Promsex, en el juicio que emprendieron contra el Minsa para que el sector retome la entrega sin costo del AOE. Esta política de salud fue restringida por una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del año 2009, la cual determinó que existía una “duda razonable” sobre la naturaleza abortiva del levonorgestrel (principio activo de la píldora).

 

 

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