Al finalizar este año, la Corporación Minera Bear Creek Mining, espera concretar el negocio del siglo cobrando del Estado peruano la astronómica cifra de 522.2 millones de dólares o un billón 769 millones 109 mil 160 soles, por concepto de “reparación” ante lo que consideran una cancelación arbitraria del proyecto minero Santa Ana.
La intimidante cifra es la que figura en la demanda presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI); es importante señalar que la otra cifra, la de mil 200 millones de dólares era un estimado de analistas del sector minero que se reprodujo en varios medios de comunicación. En cambio, los 522 millones de dólares es la cifra oficial manejada por la empresa.
CIFRAS QUE MAREAN
Para tener idea de la magnitud de tal demanda, la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente, ha estimado que con esa cantidad de dinero se podría financiar Cuna Más, Pensión 65, Beca 18 y todos los programas sociales del país por tres años; o bien, teniendo en cuenta que el presupuesto inicial de este año para los proyectos de la región Puno fue de 127 millones de soles, lo pedido por la transnacional equivale a 13 años del presupuesto total para nuestra región. No se andan con juegos.
TAMBIÉN COBRAN
POR CORANI
Sin Fronteras pudo acceder a información de primera mano, gracias a la participación de la organización mencionada líneas arriba. Su coordinador de redes, Willian Lauracio Apaza, explicó que la exigencia de la empresa incluye lo que ellos consideran como el “daño colateral” surgido a su proyecto Corani.
Según declaraciones de representantes de la gigante canadiense, el proyecto minero de Corani iba a ser financiado en parte por las utilidades de la mina Santa Ana; de ahí que incluyan como parte de la “reparación” a las pérdidas de ese otro proyecto minero.
Para que se estime cuanta importancia tiene el cobro por Corani se debe saber que, de los 522.2 millones de dólares que la compañía pretende arrancar del Estado peruano, 296 corresponden a “pérdidas”, de Santa Ana y 225 a “pérdidas” de Corani.
Esta especificación figura en el ” Summary of FTI Report Damages Conclusion” (Resumen de informe de daños), incluido en la demanda de la minera.
Al final de la misma, en la “solicitud de socorro” (traducida literalmente), equivalente al petitorio dice en el punto tres que la empresa exige el equivalente monetario a todos los daños causados a sus inversiones en el valor del mercado del proyecto Santa Ana y Corani.
SIN PIERDE
A diferencia de cualquier negociante de barrio, la empresa canadiense, apoyada en el tratado de libre comercio firmado con Canadá, pretende cobrar no solo lo que invirtió en la zona sino lo que no pudo ganar en la mina o, en sus palabras, la pérdida de valor en el mercado de sus proyectos Santa Ana y Corani.
Siguiendo la explicación del coordinador de redes, es como si cualquier persona hubiera iniciado un negocio, digamos la siembra de unas hectáreas de quinua, que por alguna razón fracasó y las plantas nunca dieron sus frutos. Entonces, le exige al Estado el pago por la mano de obra usada en la siembra, las semillas, las maquinarias y, aquí lo más jugoso, el valor de la quinua que nunca se cosechó.
A pesar de tremenda ganga, se informa que esta exigencia de la empresa es total y completamente legal, sin objeciones porque, según lo han advertido, el arbitraje llegado en Estados Unidos, está amparado en el artículo 824 del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá y nuestro país. Cabe recordar que este tratado fue presentado como la gran oportunidad para el país.
EL ARBITRAJE
En la actualidad, explican observadores del proceso, el arbitraje se encuentra en periodo de búsqueda de un acuerdo entre las partes (la minera y el Estado peruano), esto, luego de superada la etapa de audiencias llevadas en la ciudad de Washington D. C. Estados Unidos, en instalaciones del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la que es un “anexo” del Banco Mundial.
En noviembre de este año se tiene prevista la emisión del fallo, salvo que antes de este las partes lleguen a un acuerdo.
Según informa Willian Lauracio Apaza, la gran mayoría de este tipo de arbitrajes acaban en conciliación, y es favorable a la empresa que no consigue todo lo que pide. Tratándose de 522 millones, la cifra es igual de jugosa.
DEFENSA ENCLENQUE
Cabe aclarar que la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente, se constituyó en el proceso del arbitraje como un tercero no litigante y, envió a dos representantes a presenciar la audiencia.
Entre las observaciones recogidas está en que la empresa insiste en que la cancelación del proyecto se debió a decisiones arbitrarias del Estado peruano y que consiguió plenamente la licencia social, allá por el año 2011. Además, afirman de que el “Aymarazo” no tuvo nada que ver en la cancelación del proyecto.
Mientras, el Estado peruano insiste en que no tenían otra salida ante la movilización social. Así se manejan los grandes negocios en nuestro país.

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