El Gobierno promulgó el Decreto Legislativo que sanciona con la inhabilitación perpetua los delitos de corrupción en el Estado que se comentan como parte de una organización criminal y que afecten los programas sociales. La pena podrá ser revisada en 20 años.

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La norma modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal para incorporar la inhabilitación perpetua para delitos contra la administración pública, ampliar las condenas de inhabilitación y crear el Registro Único de Condenados Inhabilitados.

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La inhabilitación de por vida será, de acuerdo a la norma, cuando el funcionario público actúe como integrante de una organización criminal (vinculado o por encargo de ella) o cuando afecte programas asistenciales, inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor de lo afectado supere las 15 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

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Se amplía además la condena de inhabilitación de 6 meses a 10 años y de 5 a 20 para los delitos de Concusión; cobro indebido; colusión simple y agravada; peculado doloso y culposo; peculado de uso; malversación; soborno internacional, cohecho activo genérico, específico y transnacional: tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

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