muerte

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, consideró que la “muerte civil” para funcionarios involucrados en casos de corrupción también debe extenderse a cualquier ciudadano que participa en un hecho de esta naturaleza, a fin de evitar su ingreso a la gestión del Estado.

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Al respecto, dijo que el Ministerio Público está de acuerdo con esta medida, aprobada por el Ejecutivo en octubre pasado, pues quien está condenado por el delito de corrupción, “no puede volver más al sistema público”.

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Precisó que este tipo de medidas permitirá “enderezar la conducta de las personas “en lo referido a actos de corrupción, aunque también debe darse importancia a la parte preventiva en escuelas y universidades.

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