Puno. Morir cuesta dos mil 700 soles en promedio. Por eso, un cadáver es altamente demandado por las funerarias, las cuales se disputan a los deudos. El problema surge cuando un grupo de personas se aprovecha de su cargo público para forjar este negocio.
La funeraria Santa María, ubicada muy cerca del acceso principal al área de Emergencias del hospital Manuel Núñez Butrón, tiene la ilegal ventaja de contar con captadores de clientes al interior mismo de los establecimientos de salud donde expira su “material de trabajo”.
Sin Fronteras fue a la funeraria a consultar por un servicio para un muerto imaginario y allí encontró a Ana Melva Aguilar, administradora del negocio (junto a Alcides Mamani Carita, también trabajador del Minsa) y ni siquiera hizo falta tanta pregunta para que la aludida diga “ yo trabajo en el Seguro Social (en el Metropolitano), cualquier trámite te ayudo”.
Hasta se dio el lujo de sacar un fajo de expedientes ofreciendo agilizar cualquier trámite como un servicio extra para garantizar la captación de un cliente.
Este hecho ya fue advertido como contrario a las normas por el reglamento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios, el Decreto Supremo N° 03-94-SA. En el artículo 38, sobre requisitos de funcionamiento para agencias funerarias, dice: “No pueden tener vendedores y representantes en los establecimientos de salud sean públicos o privados”.

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