Cercado. Los invasores que ocuparon terrenos entre los años 2005 y 2014 podrán comprar estos lotes al Gobierno Regional de Arequipa (GRA), a precio comercial. Sin embargo, difícilmente los más pobres podrán beneficiarse con esta nueva disposición.

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El GRA publicó el último martes el Decreto Regional Nº 004-2016, firmado por la gobernadora Yamila Osorio Delgado.

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La norma aprueba los lineamientos para declarar de “interés regional” proyectos de vivienda, conforme a la Ley 29151 (referente al sistema de bienes estatales).

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El jefe de la Oficina de Prevención y Gestión de Conflictos, César Huamantuma, contó que “ese es el camino que encontramos para dar solución a las invasiones”.

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El objetivo -dice- es ordenar las usurpaciones, especialmente las ocurridas entre los años 2010 y 2014.
Como se sabe, los gobiernos municipales y regionales no pueden vender terrenos ocupados después del 2004 a un sol el m2. Desde el 2005, sobre tierras con ocupación o sin ella, la entidad debe ofertar los terrenos en subasta pública o mediante venta directa. Pero todo con tazación comercial.

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Camino difícil

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Para acceder a la compra de tierras, las asociaciones o empresas privadas interesadas deberán presentar un proyecto de vivienda cuya inversión sea más de S/ 30 millones.

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De momento, el GRA detectó a 25 asociaciones donde habitan 40 mil pobladores. Si estos no se acogen a la norma, deben someterse a los desalojados vía judicial.

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¿Podrán los pobres pagar un costo comercial? Huamantuma dice que el terreno se otorgará a quien pague el precio tazado por un perito de Vivienda. No importa si los dueños tienen más de un lote.

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Incluso las áreas ocupadas podrían venderse a una empresa privada si es que el asentamiento humano no puede costear la compra del terreno.

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En la región hay 8 mil hectáreas de tierras habitables, el 80% está en posesión de invasores.

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Por otro lado, a la norma solo podrán acogerse quienes ocupen terrenos del GRA en la metrópoli arequipeña. Se utilizará como base cartográfica el controvertido Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM), investigado por la Fiscalía Ambiental por presuntas irregularidades en su elaboración.

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Así, solo aquellas áreas declaradas como “Zona de Expansión Urbana” por el PDM podrán ser sometidas a venta. El 90% se encuentra en Cerro Colorado, Cayma, Characato, Yura, entre otros distritos. No participan terrenos en La Joya y provincias.

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No se ofertarán terrenos declarados como zonas de riesgo, franjas marginales, quebradas, cauces de los ríos y faldas de volcanes.

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Con dinero a la mano

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La venta de terrenos es libre. Puede comprarlos una asociación o una empresa privada. En cualquier caso, se debe presentar un proyecto de vivienda. La evaluación del expediente durará 8 meses.

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El proyecto debe contener el plano perimétrico, áreas verdes, zonas de aporte, opinión favorable de Seal y Sedapar, habilitaciones urbanas, tipo de viviendas a construir y otros estudios.

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Si se aprueba, el proyecto será declarado de interés regional por el Ejecutivo. El 70% del dinero de la venta se deriva a la Superintendencia de Bienes Nacionales (SNB) y el 18% ingresa a las arcas del GRA.

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Aunque el costo puede ser inalcanzable para las asociaciones, Huamantuma dice que la opción puede ser asociarse con empresas privadas que deseen invertir en asentamientos humanos. “Es la única forma que la Ley nos permite para vender de manera directa”, dice.

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fleming

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