Al cerrar el 2016, Puno es la cuarta región más conflictiva del país con 18 problemas sociales, después de Apurímac (25), Ancash (23) y Cusco (19).
Nos apersonamos a las oficina de Jacinto Ticona Huamán, defensor del Pueblo de Puno, para entrevistarlo.
¿Cuál es el diagnóstico de los conflictos sociales el 2016?
J.T.H. El 2016 ha sido un año altamente conflictivo porque hemos tenido varios conflictos nuevos; por ejemplo, las paralizaciones por las 10 plantas de tratamiento de aguas residuales, Paltiture, rechazo contra la delincuencia en Juliaca, entre otros.

¿Cuáles son los focos de tensión?
Las protestas se han dado por las poblaciones, en un 70% son por el respeto al medio ambiente y los recursos hídricos. Sin embargo, el fondo de todos estos reclamos son las medidas que debe optar el Estado para resolver estas problemáticas.

¿Cuál fue el rol de la Defensoría del Pueblo?
Varios de los conflictos sociales ya se canalizaron en mesas de diálogo; por ejemplo, en los conflictos en Llallimayo (Melgar) y Vilavila (Ocuviri) ya están encaminadas las mesas de diálogo. En el caso de las 10 plantas de tratamiento ocurre lo mismo, incluso ya hay un gran avance.

¿Hubo algo de positivo?
Afortunadamente este año se ha evitado el costo social, no hemos registrado fallecidos o heridos de consideración pese a que hubo bastante tensión… no hemos llegado a situaciones extremas, a comparación de años anteriores.

¿Cuáles son los desafíos para el 2017?
En el primer escenario, aquellos conflictos sociales que ya tienen mesa de diálogo deben tener un resultado positivo con acuerdos concretos y de inmediata implementación, ese es el desafío para el 2017.
No obstante, como perspectiva, podrían surgir también nuevos conflictos sociales; por ejemplo, en caso no sean resueltas las demandas de los trabajadores del Ministerio Público o los docentes de la universidad, se podrían activar más conflictos.y

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