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.La inseguridad y el repunte de la delincuencia es la principal preocupación de los peruanos. Por ejemplo, en las ciudades con más de 20 mil habitantes como Arequipa, Puno, Tacna y Lima, más del 32% de la población ha sido víctima de algún acto delictivo durante el semestre de abril a setiembre pasado, según el informe técnico de diciembre del Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei). Incluso en esta encuesta se menciona que el 16% de la población fue víctima de un hecho delictivo en dos o más ocasiones durante los últimos doce meses. Los asaltos callejeros, arranchamientos de carteras y robos a entidades bancarias o vehículos privados son una constante en los noticieros de todo el país. La inseguridad no es una percepción, sino una realidad.

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Por esta razón, es previsible que la principal exigencia de la ciudadanía hacia sus gobernantes sea que propongan políticas efectivas para combatir la criminalidad. Una de las promesas de la gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), al amparo de las facultades legislativas solicitadas al Congreso de la República, era dictar normas sobre seguridad ciudadana. Pero estas promesas aún no se concretan y su incumplimiento es una de las razones de la caída de la aprobación de PPK en las encuestas. Del 36% de encuestados que desaprueban al presidente, el 38% dijo que lo hacía porque “no se preocupa por mejorar la seguridad ciudadana”, de acuerdo al último sondeo de Ipsos Perú.

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Se esperaba que el paquete legislativo anunciado por el Ejecutivo, luego de 90 días de trabajo, revirtiera esta situación y significara un punto de partida para frenar la delincuencia desde los poderes del Estado. Sin embargo, los nuevos decretos relacionados con seguridad ciudadana no son del todo satisfactorios. Basta analizar las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, a un programa televisivo, el domingo pasado, para comprender que todavía no está encaminada la reforma prometida en campaña.

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Uno de los pilares de las normas para frenar la inseguridad es reestructurar la Policía Nacional del Perú a partir de un sistema de meritocracia. Sin embargo, en palabras de Zavala, uno de los métodos para promover los ascensos será utilizar el polígrafo o “detector de mentiras” en los agentes de la PNP. “Vamos a empezar a utilizar el polígrafo como un mecanismo de transparencia (en la Policía). Antes no se usaba, pero los policías que se dejen pasar por la prueba pueden tener puntos extra para subir en el escalafón”, dijo Zavala.

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Pero este planteamiento más parece una propuesta para generar un show mediático y, de refilón, afectar la credibilidad de una institución que, aunque requiere cambios para evitar nuevos casos de corrupción en su interior, necesita ser empoderada.

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Someter a los policías a un detector de mentiras, como si fueran participantes de un reality show, para corroborar que no conforman alguna banda delincuencial, es contraproducente a ese objetivo. En vez de disipar las dudas, genera más desconfianza y parece decirle a la población que todos los policías son corruptos hasta que no demuestren lo contrario ante el polígrafo.

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“¿Por qué los agentes habrían de someterse al detector de mentiras, cuando -desde su invención en 1938 en Estados Unidos- su uso principal es entre los sospechosos de infringir la ley?”, indica el diario El País de España en una nota publicada el martes respecto a este tema de política peruana.

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Pero la crítica debe ir más allá ya que el polígrafo, como una herramienta que analiza los cambios fisiológicos como el pulso, la transpiración y presión arterial para identificar signos de nerviosismo, no resulta del todo confiable e incluso, su uso en el ámbito judicial para obtener pruebas, genera muchas dudas. Esto debido a que dichas máquinas, en algunos países, han metido a la cárcel a inocentes y dejado libres a culpables. Incluso, como indica un artículo publicado en la web especializada en tecnología, Hipertextual.com, existen muchos métodos para burlar a este aparato. “Para engañar al polígrafo, basta con apretar los dedos de los pies fuertemente contra el suelo o concentrarse en realizar operaciones matemáticas complejas, con lo cual tus niveles de tensión y nervios serían tan altos siempre que eclipsarías la prueba. Luego está, por otro lado, su lamentable uso en programas de televisión, donde, por supuesto, la charlatanería insulsa y un mínimo de rigor científico están totalmente fuera de lugar.”, indica el texto del medio español.

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Conociendo los antecedentes en nuestro país, en donde un programa como “El valor de la verdad” se convirtió en un éxito televisivo por exponer la vida íntima de personajes de la farándula y políticos, la evaluación a los policías se podría terminar convirtiendo en un espectáculo en donde el morbo por saber en qué pregunta mintió o se sonrojó el oficial X distraerá a la opinión pública y afectará aún más la alicaída imagen de la PNP. La reforma policial quedaría reducida a solo un circo cargado de escándalos. Antes que una medida de solución, esta propuesta parece un maquillaje para esconder los reales problemas del sector.

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El ministro del Interior, Carlos Basombrío, echa más leña al fuego al anunciar que, además, para diferenciar a los policías buenos de los malos, obligará a los agentes a dar su declaración jurada de bienes y pasar otras pruebas de integridad. Habría que recordarle al Ejecutivo que la corrupción se extiende a todos los estamentos del Estado, así que los funcionarios públicos y políticos también deberían someterse a las mismas pruebas que se planea emplear con los policías. Eso sería lo más coherente.

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¿Basombrío, Zavala y PPK estarán dispuestos a pasar por el polígrafo? ¿Los congresistas querrán brindar una declaración jurada de sus bienes? ¿Las conciencias de nuestros gobernantes estarán lo suficientemente limpias como para exponerse al espectáculo en el que se está convirtiendo la política nacional?

 

fleming

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