Cercado. Las calles San Francisco, Melgar, Zela, Ugarte y Santa Catalina se convertirán en las únicas zonas aptas para que funcionen bares y discotecas en el Cercado.
Los locales ubicados en otros sectores de la ciudad serán clausurados por la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), desde abril.

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El subgerente de Fiscalización Administrativa de la MPA, Raúl Mejía Mejía, explicó que dicho sector tiene autorización de uso para entretenimiento.

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Además, se modificarán los requisitos para la entrega de licencia a los centros nocturnos que funcionarán en la zona, donde hay 20 locales de diversión.

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“Todas las ciudades tienen una zona exclusiva para el entretenimiento, eso permitirá ordenar la ciudad”, explicó.

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Así las cosas, la MPA cerrará los locales de las calles San Agustín, Mercaderes, Palacio Viejo, San José, San Juan de Dios y demás ubicados en otros puntos del Cercado. En dichas arterias de la ciudad proliferan alrededor de 30 establecimientos.

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Exigencias a los bares

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Las discotecas y bares de la zona exclusiva no tendrán fácilmente sus permisos. La MPA les pedirá adecuarse a la nueva normativa que publicarán en marzo.
En ese sentido, tienen que adquirir cámaras de vigilancia para el ingreso del local y otra fuera del mismo, pero que tengan una vista panorámica. Las videocámaras tienen que estar conectadas al sistema de Seguridad Ciudadana del municipio.

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Además, se exigirá a los propietarios tener un sistema contraincendios (expansores de agua). Es que la MPA determinó que los extintores no son suficientes para brindar seguridad a más de 100 clientes que reciben los bares y discotecas formales.

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También se les pedirá instalar un sistema antivibración y antiacústico.

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El fin es evitar que los vecinos del establecimiento no convivan con ruidos molestos. Si no cumplen en tener estos requisitos, los bares de la zona exclusiva también serán clausurados.

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Controvertida ley

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En diciembre del 2016, el Poder Ejecutivo aprobó la nueva Ley Marco de Licencia de Funcionamiento N° 1271; la MPA tiene que adecuarse a esta normativa.

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Según Mejía, dicha ley está mal planteada porque da más facilidades para que cualquier persona abra un bar y el municipio le entregue su autorización en 3 días.

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“Con la nueva ley solo, se pide a la persona presentar una declaración jurada con su intención de querer abrir un bar o formalizar su local informal. Aunque esta medida es facilista, como municipio, ponemos nuestras restricciones ya mencionadas para impedir la proliferación de cantinas”, aseguró.

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No obstante, fuentes de Ejecución Coactiva de la MPA detallan que su labor para cerrar los bares clandestinos tendrá más problemas.

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El motivo es que ahora los propietarios, valiéndose de la nueva ley, pueden iniciar procesos para impedir la clausura de sus locales. Normalmente, los dueños inician procesos Contenciosos Administrativos para seguir funcionando.

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Al respecto, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Eloy Zamalloa Campero, se comprometió con el municipio provincial a no recibir dichos procesos para evitar la invasión de bares clandestinos en la ciudad.

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Cabe indicar que, desde el 2013, en el Poder Judicial se viene arrastrando alrededor de 15 casos de bares que funcionan cerca a instituciones educativas, amparados en revisiones judiciales.

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En ese sentido, para contrarrestar la nueva ley, las áreas de Ejecución Coactiva y Fiscalización Administrativa solicitaron a la gerenta de Seguridad Ciudadana, Patricia Torreblanca, que elabore un censo de los locales clandestinos. El cual será presentado la próxima semana para iniciar los próximos cierres.

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Menos casos

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En el 2013, la Municipalidad Provincial de Arequipa identificó 59 cantinas clandestinas abiertas cerca de institutos superiores, colegios, universidades e iglesias. Actualmente hay 30 locales informales. La incidencia bajó porque los locales clandestinos son vigilados por los serenos.

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Mejía detalló que los dueños de bares y centros comerciales lo denunciaron en 7 oportunidades por abuso de autoridad. Defenderse en cada proceso le costó 600 soles, dinero que tuvo que invertir de sus propios recursos.

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“Recordaré al Manutara que se ubica cerca de la Universidad Santa María, pero perdieron 3 procesos y ahora estoy a la espera que ellos paguen una reparación civil, pero que beneficiará al municipio provincial”, indicó.

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La reparación civil solicitada es de 3 mil soles.

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El Abasto

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