Cercado. En mayo del 2016, el expresidente de la República Alan García (2006-2011) rechazó que las carreteras Interoceánica norte (un tramo) e Interoceánica sur (tramos 2, 3 y 4) hubieran costado más de U$ 4 mil millones de dólares.

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García respondía preguntas del parlamentario Juan Pari, entonces presidente de la comisión congresal Lava Jato.

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“Jamás la carretera (Interoceánica) puede costar 4 mil y tantos millones de dólares, señor, por favor”, respondió iracundo el exmandatario aprista.

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Y no satisfecho con esa primera respuesta, según consta en el registro de dicha comisión del Congreso, García agregó que “el costo total de la carretera lindó los US$ 1 mil 500 millones de dólares. Tal vez usted lo está convirtiendo a soles, y en realidad son 4 mil 500 millones de soles”.

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Sin embargo, un informe técnico aún no revelado de dicha comisión de trabajo legislativo confirma y da mayores detalles de esa millonaria cifra invertida en ambas construcciones viales, y que estuvieron a cargo de empresas brasileñas como Odebrecht.

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US$ 4 MIL 233 MILLONES

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Desde su formación profesional de contador y auditor contable, el excongresista Pedro Julián Santos Carpio realizó el informe en que se confirman tales cifras.
“Entre la carretera Interoceánica sur (IIRSA Sur) y la carretera Interoceánica norte (IIRSA Norte), el monto de inversión total no superaba los US$ 1 mil millones cuando fueron concesionadas en el 2006”, dijo Santos.

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No obstante, el citado informe que fue entregado a la comisión Lava Jato concluye que ese monto fue incrementado hasta US$ 4 mil 233 millones, a pesar de que el expresidente Alan García lo negó hace 8 meses en el Congreso. “Pero eso no es lo más preocupante”, dice el excongresista.

 

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Auditor contable y excongresista Pedro Julián Santos Carpio.

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CUESTIONAN Ley 29309

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Con las atribuciones concedidas al equipo técnico, Santos Carpio recibió del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) importante información que le permitió auditar los diversos movimientos económicos orientados a completar dichas importantes obras viales.

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Ambas Interoceánicas fueron iniciadas en el gobierno de Alejandro Toledo, contra quien se ordenó captura internacional y prisión preventiva de 18 meses, tras ser acusado de recibir una coima de US$ 20 millones para facilitar la participación de Odebrecht.

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Pero fue en el gobierno aprista de García que se aprobó la Ley 29309, denominada “Ley que declara de interés nacional la continuidad de la ejecución del proyecto corredor vial interoceánico sur Perú-Brasil (IIRSA Sur).

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Con esta norma promulgada por García Pérez el 30 de diciembre del 2008, se autorizó dotar de mayor presupuesto a dichas concesiones para culminar su ejecución.
Para ello, el Ejecutivo facultó al Ministerio de Economía y Finanzas (con el ministro Luis Valdivieso Montano) y al Ministerio de Transportes (con la ministra Verónica Zavala Lombardi, hermana de Fernando Zavala Lombardi, actual premier del PPK) para que decidan la mejor modalidad para cumplir dicho objetivo.

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PAGOS APROBADOS

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Según el informe entregado por Santos Carpio a este diario, con esa normativa vigente el gobierno de García emite diversos dispositivos legales como el Decreto de Urgencia 077-2010 (10 diciembre 2010), autorizando al MTC que transfiera U$ 45 millones 959 mil a las partidas presupuestales correspondientes tanto a IIRSA Sur como a IIRSA Norte.

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Incluso, el gobierno aprista gestionó préstamos ante la Corporación Andina de Fomento (CAF) por diversos montos, que también fueron transferidos a dichas obras mediante decretos de urgencia y decretos supremos, en base a las adendas agregadas al contrato suscrito con las empresas brasileñas a cargo de los tramos 2, 3 y 4, tales como Odebrecht, Andrade y Gutiérrez, Camargo y Correa, y la constructora peruana Graña y Montero.

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PAGOS SIN SUSTENTO

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Sin embargo, el auditor Santos Carpio concluye que las cifras no cuadran en el balance financiero final de la información proporcionada por el MTC.

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En el citado documento se confirma que desde el inicio de las obras para los tramos 2, 3 y 4 de la IIRSA Sur (mayo 2006), y de la IIRSA Norte (agosto 2006), se pagó por ambos proyectos el indicado monto de US$ 4 mil 233 millones 504 mil.

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Esta cifra difiere del importe total de US$ 1 mil 777 millones 727 mil, que según el MTC se pagó por ambas obras en base a las adendas agregadas al contrato.

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“Lo que significa que se habrían efectuado mayores pagos a los aprobados hasta por U$ 2 mil 455 millones 776 mil, sin ningún sustento legal ni administrativo, ni técnico, ni contractual, autorizados”, concluye el informe.

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En la auditoría realizada, Santos Carpio no encontró documentos como adendas, ampliaciones o adicionales, entre otros, que sustenten y autoricen la transferencia del monto de más.

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Dichos pagos sin sustento ni justificación legal se hicieron desde el MTC por diversos conceptos como “inestables”, “sectores críticos”, “La Pastora”, “Aserradero”, entre otros, que ahora deberán ser incluidos en la investigación iniciada por la Fiscalía.

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