El desvío de ingentes cantidades de dinero de los auspicios para la Festividad Virgen de la Candelaria 2015, pasan factura un par de años después. El titular de la Fiscalía Anticorrupción, Jorge Astorga Castillo formalizó la investigación preparatoria contra el titular y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Puno (MPP) por graves delitos e incluso ha solicitado la coerción de prisión preventiva.

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Los cargos por colusión agravada, alcanzan al alcalde Iván Flores Quispe, su exasesora personal, Ynés Bejar Barriga; el exgerente municipal, Edgar Centeno Chevarria; funcionario de Backus, Carlos Rondón Vilca; y el gerente de KFL Group, Marco Antonio Loayza Sánchez.

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Las irregularidades se develaron el 16 de mayo del 2016, cuando el expresidente de la Comisión Candelaria 2015 de la MPP, Oscar Peña Diaz, denunció la mala utilización de los recursos.

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Previo a un convenio suscrito el 27 de enero del 2015, la empresa Backus donó 100 mil soles para las celebraciones de los días 2, 7 y 9 de febrero de ese año. Un mes después se firma una adenda que variaba el destino de la donación y se dispone que ese importe, podía ser cubierto con el pago de bienes y servicios a favor de la municipalidad.

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Alcalde de Puno, Iván Flores Quispe.

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DESVÍOS IRREGULARES

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Tal como obran en documentos de la fiscalía, la municipalidad también pretendió cubrir el pago de un consumo de 4 mil 128.00 soles hecho el 14 de enero del 2015 en el Hotel José Antonio, por una atención privada a 86 personas. Esto cuando todavía no se firmaba el convenio.

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Además, con esos dineros se justificó la compra de unos enfiladeros de metal que costaron 80 mil soles –rejas móviles-, que no ingresaron formalmente a la comuna. El saldo hasta ese momento era de 10 mil 800 soles, los cuales fueron abonados a una cuenta de ahorros en la Caja Cusco, a nombre de una “Asociación Parque Industrial I – Totora”, que curiosamente pertenece a la asesora Bejar Barriga.

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Como resultado de la investigación, en la que el alcalde Iván Flores declara que tener conocimiento de estos hechos, y luego la asesora admite que el depósito se hizo en su cuenta, el último 15 de marzo, se levantaron cargos.

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De las pesquisas y diligencias, la clausula quinta del Convenio original, quien debió manejar los recursos era entonces gerente, Edgar Centeno, y no la asesora. A él lo procesan por permitir que alguien sin facultades los haya dispuesto y todavía con depósitos a su propia cuenta.

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Para la fiscalía resulta inexplicable que el burgomaestre eluda responsabilidad, manifestando que “desconocía todo”, cuando él en forma personal firmo los dos convenios.

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PEDIDO DE PRISIÓN

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Lo grave de la formalización se da con la medida de coerción; el fiscal Astorga Castillo solicitó prisión preventiva contra todos los denunciados.

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