Tacna. Una millonaria deuda es lo que deben al Estado exautoridades y exfuncionarios públicos por concepto de reparación civil, en casos de sentencias judiciales consentidas. Es decir, aceptadas y reconocidas por los sentenciados.

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Según la Procuraduría Pública Anticorrupción de Tacna, la deuda actual asciende a 1 millón 121 mil 122 soles con 20 céntimos y corresponde solo a los años 2014, 2015 y 2016. Y lo que sí pagaron los sentenciados por reparación civil es 94 mil 668 soles, correspondiente al mismo período.

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Al respecto, la procuradora anticorrupción Angelita Condori indicó que este monto corresponde a 62 procesos judiciales que terminaron en sentencia condenatoria contra exautoridades y funcionarios de instituciones públicas de Tacna y donde la procuraduría ha tenido participación.

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En estos casos, la mayoría de delitos que fueron comprobados por el sistema judicial son peculado, malversación de fondos y colusión. Principalmente es por apropiarse de dinero del Estado de manera ilícita.

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DEUDAS

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Condori señaló que el sentenciado que mantiene la deuda más alta es el exalcalde de la provincia Tarata, Juan Quispe Acero, quien debe el pago por reparación civil de 163 mil 604 soles con 69 céntimos. El año 2011 la exautoridad provincial fue encarcelada en el penal de Pocollay por el delito de peculado.

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La segunda deuda más alta es de 140 mil soles y es por el caso en que fueron sentenciados Reynaldo Eufemio Salas Coronado, Herbert Isidro Aroste Villa y Juan Antonio Calizaya Medina. El caso corresponde al año 2007 por el delito de peculado doloso.

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ACCIONES

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Para efectivizar el cobro de estas deudas la Procuraduría Anticorrupción en coordinación con el Ministerio Público alistan medidas cautelares. Es decir, mediante el secuestro de vehículos, medidas cautelares sobre la base de inscripción de inmuebles y secuestro de bienes personales.

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“Hemos secuestrado ya un vehículo que está guardado. Justamente es del proceso contra Reynaldo Eufemio Salas Coronado. Es un vehículo que no supera los 140 mil soles”, dijo Condori.

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La procuradora invocó a los juzgados atender los pedidos de medidas cautelares debido a que estas instancias no resuelven dentro de los plazos establecidos. “El juzgado no provee nuestros pedidos. Tenemos requerimientos desde el 2014, 2015, 2016 y no los proveen. La justificación es que no son los especialistas”, anotó la procuradora.

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