Otro funcionario del gobernador regional Juan Luque Mamani, procesado por actos ilícitos en contra del Estado peruano, esta vez se trata del actual director de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción del Gobierno Regional de Puno, José Fabián Enríquez Mamani, quien fue denunciado por el delito de falsedad genérica, cuando era director ejecutivo del Programa Regional de Riego y Drenaje – Prorridre Puno, quien en su calidad de ahora exfuncionario intervino en los proceso de selección de manera irregular, es decir, que firmó un contrato sin la prestación de la garantía de validez; además admitió cartas fianza bancarias por equivalente de hasta el 1% al 2% del valor ofertado y al 10% del monto contratado, los mismos que contravienen a la Ley de Contrataciones del Estado, también autorizó la devolución de los fondos retenidos de las valorizaciones para la garantía de fiel cumplimiento a pesar de no haber sido liquidados los contratos del servicio de alquiler de los volquetes, firmados entre Prorridre y los contratistas, lo que contraviene a la Ley de Contrataciones, que dispone que los contratos de bienes y servicios culmina con la conformidad de recepción; sin embargo no resolvió los contratos por el incumplimiento de las condiciones contractuales por las valorizaciones irregulares, de esa forma vulnerando su deber de velar por el correcto funcionamiento de la administración pública, pues pese a advertirse las irregularidades respecto a los concursos públicos, no informo al titular del pliego estos hechos, para la anulación administrativa de los procesos.

Se sabe que Enríquez, procedió a ejecutar los pagos a las empresas Hermes Ingenieros Constructores S.A. y Mamut Andina E.I.R.L realizado por el alquiler de los seis volquetes. Según la comisión auditora del Gobierno Regional de Puno, el pago a las empresas fue en exceso S/ 1, 130,780.12, cuando en realidad solo le correspondía la suma de S/ 897 251.62; sin embargo la entidad contratante (Prorridre) pago la suma de un total de S/ 2 028,031.74 y con estos hechos se evidencia una defraudación y perjuicios económicos al Gobierno Regional de Puno y, por ende, al Estado, habiendo vulnerado la correcta administración pública.

Tinajani2017
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