Tacna. El congresista Jorge Castro Bravo informó ayer que en seis actos de corrupción están implicados el gobernador Omar Jiménez Flores y el alcalde provincial Luis Torres Robledo, por lo que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía de la Nación.

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En audiencia pública de rendición de cuentas realizada en el auditorio principal de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, dijo que el informe de las irregularidades halladas tanto en el gobierno regional y la municipalidad fue aprobado en la comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso.

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“Nosotros vamos a estar detrás de la Fiscalía para que inicie el proceso, supongo que va a llegar acá dentro de las próximas dos semanas y después designarán al fiscal que se encargará de hacer las investigaciones correspondientes y eso demorará de 3 a 4 meses”, indicó Castro Bravo.

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Precisó que en el Gobierno Regional Tacna (GRT) se investigó el proyecto del hospital Hipólito Unanue, que será construido en un terreno de alto riesgo sísmico.

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Además, la investigación arrojó que el valor de referencia de 258.602.807,45 soles de la licitación pública fue sobrevalorada, generando un perjuicio económico al Estado de 25.469.944 soles por una presunta concertación entre el GRT y el consorcio Salud Tacna.

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El segundo caso investigado se refiere al tráfico de 90 hectáreas de terreno y es que en el 2012 el GRT de forma irregular hizo entrega de dichos terrenos a cuatro asociaciones privadas y pese a existir sentencias judiciales de desalojo, el actual gobernador autorizó al procurador ad hoc a transigir con las asociaciones Apertac y Villa Los Albarracinos.

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En el caso del Fondo de Desarrollo de 90 millones de soles otorgado por Southern, Castro dijo que el convenio entre el gobierno regional y la Southern Peru no ha sido aprobado por el consejo regional y a la fecha no existe mecanismo de rendición de cuentas.

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MUNICIPALIDAD

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En el caso de la municipalidad de Tacna, se ha investigado el presunto tráfico de terrenos del Estado. En primera instancia, se encuentra la situación de la asociación de vivienda Los Chasquis I, donde prácticamente no se cobró por cerca de 62.000 m2, originando un perjuicio de 2,5 millones de soles al Estado; mientras que en la asociación de comerciantes Supermercado Mayorista Internacional de Viñani Interplaza, en el año 2016, el alcalde suscribió un contrato de venta pese a que la Contraloría y la Superintendencia de Bienes Nacionales advirtieron que no procedía dicha venta directa, y por último, el caso sobre la asociación Mercado Sectorial El Portal de Viñani, cuya venta directa solo favoreció a 11 dirigentes, excluyendo de manera irregular a 796 asociados.

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