Cercado. Los invasores de terrenos del Estado que ocupen zonas de riesgo no mitigable serán sancionados hasta con 12 años de cárcel. Esta sanción se agregó al artículo 204 del Código Penal y se configura como el delito de usurpación agravada.

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Una zona de riesgo no mitigable es aquella área donde la implementación de medidas de mitigación (capaz de ser solucionado) resulta de mayor costo y complejidad que llevar a cabo una reubicación.

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El ingeniero civil Antonio Torres Medina explica que una zona no mitigable es donde el riesgo de los habitantes es latente y no hay solución más que la reubicación. “Puede entenderse como cauces de ríos, faldas de cerros empinados o edificar una casa a mitad de una torrentera o lecho del río”, señala.

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“Mediante un estudio de suelos puede levantarse las observaciones a una zona de riesgo leve o se puede modificar la superficie para hacerla habitable, pero una zona no mitigable es cuando ya no tiene solución”, agrega el especialista.

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SEVERIDAD

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El pasado 29 de abril el presidente Pedro Pablo Kuczynski publicó la Ley 30556, con esta modificación, en el Diario Oficial El Peruano.
La norma adicionó el numeral 12 al artículo 204 del Código Penal que tipifica como forma agravada la posesión en áreas de geografía peligrosa y agreste.

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La norma señala que los sujetos a incurrir en este delito serán procesados con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de doce años. Esta ley, básicamente, es una respuesta para evitar tener más damnificados que viven en zonas de riesgo como en Lima y el norte del país.

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Cabe recordar que en 2014 se promulgó la Ley 30076 que dicta condenas de entre cuatro y ocho años de prisión para quienes usurpen terrenos en formas agravadas. Esta figura se produce si se usa armas de fuego o si se afecta inmuebles destinados a viviendas que no necesariamente se encuentran en zonas de riesgo.

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En esa dirección, la Ley 30556 faculta al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) declarar como áreas de riesgo las zonas que se consideren necesarias en un plazo de tres meses contados a partir de la publicación de esta ley, es decir, hasta julio próximo.

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Asimismo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante resolución ministerial, también tiene la facultad de declarar zonas de riesgo no mitigable (muy alto riesgo o alto riesgo) las áreas de acuerdo al informe que levante el GRA.

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No obstante, para esta declaratoria se debe contar con la evaluación de riesgo elaborada por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) y con la información proporcionada por el Ministerio del Ambiente, Instituto Geofísico del Perú (IGP), el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entre otros.

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QUEBRADAS POBLADAS

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Con las lluvias que azotaron a Arequipa entre enero y marzo de este año se activaron 120 quebradas. Las más afectadas fueron la zona 13 de Enero, en Cerro Colorado, y Pichu Puchi, en Paucarpata, donde hubo un centenar de damnificados.

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La Autoridad Nacional del Agua (ANA) estimó que hay 120 quebradas de alto y moderado riesgo en la región y de estos, el 65% se activa en época de lluvia. Al menos 45 mil personas se encuentran vulnerables ante el ingreso de cauces en estas torrenteras.

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En ese entonces, el director de la Autoridad Local del Chili, Pantaleón Huachani, cuestionó a los alcaldes distritales por permitir ocupaciones ilegales en zonas peligrosas. Agregó que el ANA puede sancionar a las comunas con 0.5 a 10 mil UIT (S/ 40 millones).

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La fiscal de Prevención del Delito, Esther de Amat, cuestionó a los alcaldes de gestiones pasadas e incluso a las actuales por no impedir las invasiones. “Los alcaldes tienen la obligación de cautelar los bienes del Estado, de lo contrario estarían incurriendo en el delito de omisión de funciones”, aclaró la funcionaria.

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Reiteradamente, la magistrada ha señalado que los alcaldes aceptan la instalación de asentamientos humanos en zonas de peligro por un aspecto “político”.

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Actualmente el Ministerio Público investiga a las municipalidades de Alto Selva Alegre, Cerro Colorado y Paucarpata por permitir posesión en zonas de riesgo, y más aún, otorgar certificados de posesión en estas áreas.

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Sin embargo, las leyes no son retroactivas, por lo tanto, la modificación del Código Penal se implementará en adelante. Así las invasiones que se registren a partir de la fecha podrán ser procesadas bajo el delito de usurpación agravada.

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