Cercado. Después de tres meses de trabajo, ocho gremios de profesores, junto a funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), culminaron una propuesta legislativa para modificar la Ley 30137 y obligar así al Gobierno a que devuelva el íntegro de la deuda social.

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La propuesta, que será entregada a los 6 legisladores arequipeños durante la próxima semana de representación congresal, pasa por exigir el pago fraccionado pero total de los S/ 508 millones para los 11.321 docentes de la región que tienen sentencia de cosa juzgada emitida por la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA).

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El pago de la deuda social para el magisterio es por preparación de clases. Las cifras van desde los S/ 30 mil hasta S/ 120 mil, monto que lograron acumular durante los 35 años de servicio. Para exigir este monto, los docentes tuvieron que ganar un juicio contra el Estado.

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La Ley 30137, del 2014, que dicta la priorización de los montos, ordena al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pagar primero a los docentes que tienen sentencias judiciales más antiguas.

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Grupo estuvo trabajando desde el pasado 27 de febrero.

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Sin embargo, ese mismo año se promulgó el D.S. 0014-2014 (reglamento de la 30173), que determinó que se debía pagar primero a quienes se les debía una cifra menor a S/ 50 mil.

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Pero este dictamen es discriminatorio. Verónica Zegarra Maldonado, asistente de Deuda Social del GRA, comenta que al 70% de los 11 mil docentes se les debe más de 50 mil soles. “Muchos murieron sin ver su dinero”, agrega.

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MODIFICATORIAS

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El proyecto de ley para modificar la 30137 fue maquinado por 8 gremios, como Arcijea, Sutep y el GRA.

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El primer planteamiento es modificar el artículo 2, inciso 2.2 de la Ley 30137. En este párrafo se menciona que debe existir, además de una sentencia, un requerimiento de pago de parte del demandante (profesor).

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Los docentes proponen eliminar esta solicitud y que “baste con la sentencia judicial firme” para acceder al pago.

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También plantean incluir un nuevo artículo de priorización, en referencia a la Ley 30490, Ley del Adulto Mayor. La referida norma obliga a las entidades públicas atender a los adultos mayores de 65 años con prioridad y celeridad.

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Así también, se debe modificar el Art. 3.2 del D.S. 0014-2014. A la letra, el referido texto ordena que se haga una sumatoria del saldo capital (deuda real) y los intereses.

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Julio Gómez, profesor cesante de la Ugel Sur, explica que cuando un docente gana el juicio, el juez ordena el pago de intereses, moras y el saldo capital. Sin embargo, el MEF interpreta que debe hacer todos los pagos juntos.

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“Proponemos que se pague el capital con prioridad, y luego recién los intereses. La mayoría acumula de capital entre 40 y 50 mil, y los intereses suman unos 10 mil a 20 mil soles”, comenta.

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PAGO A CUENTA

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Otra de las importantes reformas planteadas por los profesores es el pago a cuenta, y para ello piden modificar el Art. 3.4 del DS 0014-2014. Ese acápite determina que se debe priorizar el pago, como tope, de 5 UIT (Unidades Impositivas Tributarias) en la categoría A1, dejando de lado la antigüedad de sentencia e incluso el pago tope de S/ 50 mil.

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Agustín Ferro, representante de la Asociación de Cesantes de la Región Arequipa, comenta que esta categorización fue la más lesiva para los jubilados. “Es que nadie está en la categoría A1. A la mayoría se le debe más de 50 mil soles. Estos años se ha pagado a los más jóvenes porque obviamente tienen menos fondos que los más viejos, y eso es discriminatorio”, aclara.
De esta manera, los profesores con fondos acumulados superiores a las 5 UIT lamentablemente no pueden recibir su dinero.

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“Tampoco lo podrán ver hasta que se mueran, si las cosas siguen así. Si nos tenemos que ir a Lima, lo haremos con tal de que se apruebe en el Congreso esta reforma”, agrega Luis Soto Luque, secretario regional del Sutep.

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En ese sentido, la propuesta de la iniciativa legislativa es que se pague a cuenta y de manera fraccionada.

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Es decir, 5 UIT de manera anual hasta completar la deuda. Si un profesor tiene 60 mil soles, entonces podría recuperar sus fondos en tres años.

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El congresista Justiniano Apaza dijo que recibirá esta propuesta en la Audiencia Pública a realizarse el próximo 30 de mayo en el Colegio de Abogados de Arequipa. Al evento llegará un representante del MEF.

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