Tacna. Tras los incidentes de violencia ocurridos la semana pasada en la comunidad de Kallapuma, la Defensoría del Pueblo anunció el inicio de una investigación para determinar si el proyecto Vilavilani II afectará a las comunidades campesinas de Tarata y algunas comunidades de la región Puno.

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El jefe de la Oficina Denfesorial de Tacna, Edward Vargas Valderrama, señaló que la dependencia a su cargo requerirá al Gobierno Regional Tacna (GRT) la entrega de información referida al controvertido proyecto que busca trasvasar aguas del río Maure hacia el canal Uchusuma, y abastecer así a la ciudad de Tacna de mayor cantidad de agua.

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“Lo primero que tenemos que hacer es recoger información del proyecto, no podemos calificarlo de un conflicto social en este momento. Lo más importante ahora es poder iniciar un diálogo entre las comunidades y el gobierno regional”, sostuvo el representante de la Defensoría del Pueblo en Tacna.

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Vargas Valderrama subrayó la falta de diálogo entre representantes de las comunidades y funcionarios del gobierno regional.

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“Por ser una comunidad campesina la población que se sienta afectada con el proyecto tiene derecho a la consulta previa, tal como lo señala la ley N° 29785. Aquí se ha estado hablando de una licencia social sin antes haberse hecho la consulta previa. Primero la comunidad aprueba o no la ejecución del proyecto y luego recién se toca el tema de la compensación por los daños que podría generar el proyecto”, sostuvo el jefe de la oficina defensorial.

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El funcionario saludó las disculpas del gobernador regional Omar Jiménez por la agresión a dos comuneros en Kallapuma y dijo que este es un primer paso para retomar el diálogo con las comunidades campesinas de Tacna.

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