El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori dio el autogolpe de Estado anunciando, entre otros, la reorganización total del sistema de justicia; así, mediante decretos leyes cesaron en sus funciones a magistrados bajo sospecha de actos de corrupción. Entre esos jueces en Puno se encontraba Jovin Valdez Peñaranda quien, a su vez, en aquel año se desempeñaba adicionalmente como catedrático nombrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNA Puno.

Pero, en el 2001 el Congreso, mediante ley derogó los decretos leyes que cesaron a los magistrados con posterioridad al 5 de abril de 1992, allanando de esta manera el camino para el retorno de dichos magistrados. Jovin Valdez logró su reincorporación al Poder Judicial siendo promovido para ocupar el cargo de juez del Primer Juzgado Penal Liquidador de Puno; sin embargo, como testimonian los diarios de la aquella época, pronto Valdez se vio envuelto en escándalos de corrupción, siendo algunos de ellos:
El 18 de diciembre del 2009, Jovin Valdez dictó variación de mandato de detención por comparecencia restringida a favor de los colombianos procesados por delito de Tráfico Ilícito de Drogas (TID).

Cabe recordar que el 12 de agosto del 2009, en un operativo en la garita de Control de Huáscar Puno, la Policía Antidrogas intervino en un medio de transporte público a 4 ciudadanos colombianos con cargamento de cocaína entre sus prendas, por lo que se les abrió proceso penal con mandato de detención (Instrucción 2009-1754) entre ellos Angélica Rocío Victoria Campo y Carlos Arturo Rodríguez Riasco, quienes han sido liberados por el mencionado exjuez “sin que hubieren actuado nuevos actos de investigación” y a pesar que la Sala Penal había ratificado el mandato de detención dictado contra los cuatro colombianos.

Además, el 13 de enero del 2010, Jovin Valdez varió el mandato de detención por una comparecencia restringida a favor del procesado Rodrigo Javier Marín Romero, acusado por delito de Tráfico Ilícito de Drogas (TID).
El indicado oficial de Antidrogas el año 2016 ha sido recapturado en Chile y condenado por la Sala Penal de Puno a más 10 años de prisión.

Asimismo, concedió el beneficio de liberación condicional a favor de Eloy Prime Jáuregui Sardón, sentenciado por delito de violación de la libertad sexual de menor.

Por tres casos, Valdez Peñaranda ha sido procesado administrativamente por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y al término de los mismos, el Poder Judicial, en los tres procesos administrativos disciplinarios seguidos, propuso destitución ante el Consejo Nacional de la Magistratura.

Por el primer caso señalado, en el Proceso Disciplinario N° 038-2012-CNM, el Consejo Nacional de la Magistratura emitió la Resolución N° 605-2013 de fecha 5 de noviembre del 2013, imponiendo a Valdez la sanción de destitución como juez del Primer Juzgado Penal Liquidador de Puno.

Por el segundo caso, en el Proceso Disciplinario 004-2012-CNM, el Consejo Nacional de la Magistratura emitió la Resolución N° 405-2013-PCNM del 31 de julio del 2013, destituyendo al entonces juez.
Por el tercer caso, en el Proceso Disciplinario 014-2012-CNM, el Consejo Nacional de la Magistratura, también destituyó al juez Valdez.

Jovin Valdez, contra las tres destituciones solicitó reconsideración al CNM, lo que no prosperó ya que el Consejo Nacional de Magistratura mediante Resolución N° 095-2015-CNM, de fecha 6 de marzo del 2015, declaró infundados los recursos de reconsideración, quedando firmes dichas sanciones, por lo que se procedió a inscribirse en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido – RNSDD a cargo del SERVIR, en cuyo aplicativo aparece vigente dichas sanciones.

Como podrá darse cuenta el lector, el también catedrático de la universidad ha sido destituido por el CNM por tres veces y dichas sanciones a la fecha están vigentes. La triple destitución por actos de corrupción de Valdez Peñaranda no tendría ninguna importancia y formaría parte de la galería del olvido de tantos jueces separados del Poder Judicial. Pero en este caso no es así, porque como si no hubiera pasado nada, el también poeta desde el 2010, que dejó el Poder Judicial, al desempeñarse como profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNA Puno, donde también fue decano y dicta el curso de Deontología Forense; es decir, enseña a los futuros abogados cómo comportarse éticamente en el ejercicio profesional.

¿Qué consecuencia tiene una destitución? ¿Por qué se inscribe las sanciones de destitución y despido en el RNSDD? El artículo 242 de la Ley 27444, establece que las sanciones de destitución y despido que se aplican a cualquier autoridad o personal al servicio del Estado, independientemente de su régimen laboral o contractual, se inscriben en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, “con el objeto de impedir su reingreso a cualquiera de las entidades por un plazo de cinco años”.

El reglamento del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido aprobado mediante Decreto Supremo 089-2006-PCM, en su artículo 7 señala que “la sanción de destitución o despido acarrea la inhabilitación para ejercer función pública por un periodo de cinco años, la misma que surte efectos a partir del día siguiente de notificada la sanción de destitución y despido al sancionado”.
En la víspera, llamamos al rector de la UNA, Porfirio Enríquez, pero no contestó.

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