El día anterior develamos el negociado que hicieron funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con el material sobrante e inutilizado en los trabajos de reconstrucción del Establecimiento Penitenciario de Puno, ex penal de Yanamayo. Unas 180 toneladas de fierro: ventanas, puertas y mallas sólidas, entre otros materiales, fueron vendidos secretamente sin rendir cuentas al Estado.

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Entre los responsables de esa singular venta se encuentran el aún director del penal Yanamayo, David Blanco Mamani; el exdirector regional del INPE Altiplano Puno, Oscar Castillo Calderón; y el entonces administrador, Sixto Gallegos Nina. La transacción se habría hecho por un monto que bordea los 200 mil soles, ya que cada kilo habría sido vendido a S/ 1.20.

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Una fuente confiable nos confirmó que luego de la inauguración de las obras, que demandaron más de 57 millones de soles, se levantó un acta sobre los bienes y materiales sobrantes. No obstante, los funcionarios arriba mencionados habrían convencido al auditor del INPE, Kalil Molero Aspilcueta –cuya jefatura depende de la Contraloría-, para que los fierros no sean considerados dentro del patrimonio.

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Además, le indicaron que lo poco que se recaude de las ventas, sería para instalar un gimnasio para los trabajadores del penal. Esto ha sido desbaratado por un documento al que Sin Fronteras tuvo acceso.
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Accedimos al Oficio 022-2016-INPE/24-803-D, dirigido el 27 de junio de 2016 por David Blanco y Sixto Gallegos al exdirector Oscar Castillo, da cuenta del acta de entrega de la moderna infraestructura y los bienes y, además, solicitan que la Oficina de Control Patrimonial del INPE verifique el estado actual de los bienes.

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El documento reúne los protocolos de entrega, pero en la parte final, y casi disimulada dan cuenta de lo que sería las toneladas de chatarra. “Cabe mencionar que a la fecha de la presente acta, la Dirección del EP Puno (Penal Yanamayo) y la Dirección Regional Altiplano Puno, ha recepcionado los bienes correspondientes a equipos de la construcción demolida y material utilizado en la obra, según anexo D, adjunto al presente”.

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Trascendió que sobre este documento, el auditor habría elevado un informe a la capital, indicando que los fierros no formaban parte de los bienes del Estado. En un supuesto negado, si fuese así, ¿podrían los funcionarios disponer de ellos?

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Una de las grandes irregularidades es que, si esto se hubiera considerado chatarra, debió ser subastada o vendida a una empresa que cuente con certificado de Digesa, que garantice la disposición final, pero no fue así. Lo vendieron, pero ni un sol llegó a manos del INPE.

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