Tacna. La subasta del predio ocupado por el Parque Industrial de Viñani, de propiedad de la Municipalidad Provincial de Tacna, se realizó de forma accidentada ayer en el parque Perú. Al final se le dio la buena pro al único postor, el APIV, representado por Jorge Encinas Maquera. Mientras tanto, afuera del recinto unas 900 personas protestaron alegando la presunta ilegalidad de la subasta.
El proceso se realizó en el anfiteatro del parque Perú y estuvo protegido por tres cordones de seguridad con 120 policías, entre ellos agentes de la Policía montada, y unos 100 serenos y policías municipales. Más de dos mil 500 personas a favor y en contra de la subasta se apostaron en la puerta principal.
Pese a que hubo otros cinco terrenos en subasta, la atención recayó sobre el llamado Parque Industrial de Viñani, el cual se disputaban dos facciones de posesionarios. El terreno se denomina correctamente parcela 7A, manzana 697, lote 1, y tiene una extensión de 861 mil 395 metros cuadrados, es decir, 86 hectáreas.
La adjudicación del terreno fue para el APIV, representado por Jorge Encinas Maquera, que fue el único postor que cumplió con presentar un cheque gerencial a favor de la Municipalidad Provincial de Tacna con el 20 % del valor total del terreno de 25 millones 841 mil 857 soles.
La subgerente de Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Provincial de Tacna, Malene León Ríos, y el notario Luis Vargas Beltrán acompañaron a Encinas en la firma del acta, entregándole la buena pro. El dirigente señaló que representa a 950 socios y que en el terreno se instalarán empresas de panadería, carpintería, textilería y mecánica, entre otros.
El dirigente negó cualquier favorecimiento por parte de la municipalidad e indicó que las personas que protestaron fuera del parque no entraron a la subasta porque no pudieron pagar la cifra base, que fue de unos 5 millones de soles.
Encinas indicó que está abierto a que se le investigue por lavado de activos y señaló que invitará a la facción protestante a que se una, previo pago del terreno. Por otra parte, la representante de la asociación que no se presentó, Vilma Gutiérrez, indicó que denunciará penalmente a los funcionarios de la municipalidad el lunes, por los delitos de omisión de funciones, peculado y colusión.
Vilma Gutiérrez indicó que representa a 900 personas que están posesionadas del terreno desde hace 19 años, por lo que legalmente le correspondía la venta directa y no una subasta.
Anotó que sus socios no abandonarán los terrenos y responsabilizó de cualquier hecho de violencia a los regidores provinciales por aprobar la realización de la subasta, a funcionarios municipales y al alcalde provincial, Luis Torres Robledo.y

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