La maratónica audiencia de pedido de prisión preventiva en contra del actual alcalde de Puno, Iván Flores Quispe; su exasesora, Inés Béjar Barriga; el exgerente municipal Edgar Centeno Chevarría; y los funcionarios de la empresa Backus, Marco Antonio Loayza Sánchez y Carlos Rondón Vilca, tuvo un desenlace sorpresivo. El juez Youl Riveros dictó mandato  coercitivo contra la primera autoridad local y la prófuga exasesora y medidas restrictivas contra los demás imputados.

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Luego de más de 13 horas y media de amplios debates, se llegó a este fallo, aunque en un inicio se creyó que este sería absolutorio.

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El alcalde trajo de Lima al abogado Fidel Rojas, destacado penalista y experto en derecho de corrupción de funcionarios, quien desde un inicio intentó tumbarse el proceso cuestionando la tipificación del delito; él decía que la figura de colusión agravada no correspondía, más bien sí el de peculado.  También sustentó hasta el cansancio que no concurrían copulativamente los presupuestos para que proceda la prisión.

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Los demás abogados utilizaron sus argucias y hasta presentaron documentos, que en vez de ser favorables a sus defendidos, terminaron como un ‘boomerang’ contra estos. Tal es el caso de la abogada de Inés Béjar, quien alcanzó dos documentos que deberían sustentar que el depósito de 10 mil 800 soles a su cuenta personal, eran producto de una deuda. Un contrato tenía una tremenda incongruencia, era fechada el 29 de febrero de 2015, pero ese año el mes solo tuvo 28 días.

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SUSTENTO FISCAL

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El fiscal Jorge Astorga Castillo, en primera instancia, sustentó los cargos que se le atribuyen al burgomaestre puneño, su exgerente municipal, la exasesora y los representantes de la empresa Backus.

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La defensa técnica, que aseguró mostraría pruebas contundentes para sustentar que los funcionarios no incurrieron en delito. Por ejemplo, el abogado del alcalde, Fidel Rojas, argumentó que la adenda por el convenio entre la empresa Backus y la Municipalidad, cuya fecha figura como 27 de febrero del 2015, fue un error de digitación y la fecha real fue 27 de enero de ese año. Posterior a ello,  curiosamente pidieron un cuarto intermedio al mediodía para ´ordenar´algunos documentos, pedido al que accedió el juez, Joul Riveros.

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FUNDAMENTOS DEL FISCAL

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Ya en horas de la tarde la audiencia se reanudó ante un fiscal que fundamentó la solicitud de la medida coercitiva, por peligro de fuga, alegando los viajes al extranjero que realizó Iván Flores, al igual que el exgerente y la exasesora.

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PRUEBA AGRAVANTE

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Para el juez, si bien el alcalde tiene arraigo domiciliario, este se empaña por la conducta procesal, dado que la contestación al fiscal se hizo con papel reciclado de la Procuraduría Municipal. “Para este Juzgado resulta extraño que desde la Procuraduría saliera su documento de defensa; esto podría ser incluso una obstaculización de la justicia…”, advirtió.

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POSICIÓN DE LA DEFENSA

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El abogado de la autoridad edil, alegó que los pedidos de prisión preventiva se dan en el marco de una revocatoria a la comparecencia restringida, la cual no habría sido solicitada en primera instancia por la Fiscalía de acuerdo a los procedimientos que indica el código procesal. “Él no pidió en ningún momento, de manera preliminar, comparecencia restringida, de modo que hay un indicio de informalidad, comete un vicio de nulidad”, dijo.

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Además, cuestionó uno de los elementos de convicción, vinculado al delito, señalado por la Fiscalía en relación a los convenios de colaboración. “Me siento desestabilizado académicamente porque él cita la Ley de Contrataciones del Estado y eso es un error terrible debido a que el convenio se dio con una empresa privada, no pública”, manifestó, asegurando que los alegatos de la defensa para pedir la prisión preventiva son de estándar minimalista.

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EL FALLO

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El magistrado resolvió que el alcalde y su exasesora deberán ser internados en el penal mientras dure el proceso judicial y que el exgerente municipal afronte el juicio con mandato de comparecencia restringida porque no encontró peligro de fuga ni conducta procesal indebida, como sí lo halló en  Flores Quispe y Béjar Barriga.

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DECLARACIONES EN CONTRA

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El abogado del alcalde, quien parecía convencer con sus alegatos, cometió un craso error al considerar como medios de pruebas dos declaraciones juradas; del regidor Wilson Salamanca y el asesor Luis Gallegos, quienes pretendieron dar fe que el 1 de enero de 2015, día en que Iván Flores celebró su elección como alcalde, abordaron temas relativos a la Candelaria; y es que ese día pagaron una factura con parte de los 100 mil soles donados por Backus  para la festividad de ese año. El convenio fue firmado el 27 de enero, pero los gastos se hicieron mucho antes, e Inés Béjar participó en los pagos, de acuerdo a un correo electrónico presentado por la Fiscalía.

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