Aldo-Vásquez-Ríos

El ex ministro de Justicia Aldo Vásquez, ahora en la vida académica, advierte las consecuencias de un indulto irregular a Alberto Fujimori. Resalta el antecedente del caso Crousillat, que llegó al Tribunal Constitucional (TC). Además, reflexiona sobre la situación de Ollanta Humala, cuyo gobierno integró, y de su esposa, Nadine Heredia.

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Fujimori pidió indulto a fines del gobierno de Humala, en su gestión. Se dice que se buscó negociar su salida. ¿Qué sabe?

No conozco de negociación. Puedo suponer que hubo contacto pero no me consta. El presidente evaluó el pedido y mi posición fue no refrendar un indulto que no se sustente en el cumplimiento de la norma. Tenía que ser evaluado por la Comisión de Gracias, con informes médicos. No podía hacerse en un lapso tan breve.

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Algunos abogados dicen que el presidente no necesita ese proceso porque la Constitución lo faculta. ¿Qué piensa?

El indulto viene del Estado absolutista. En el Estado de derecho, se da en el marco de la Constitución y la ley. Hay margen de discrecionalidad pero no arbitrariedad. No puede interpretarse con fundamentalismo un artículo, sino en conjunto: principios constitucionales hacen cumplir normas, como la restricción del indulto común en el Código Penal, y hay normas que desarrollan preceptos constitucionales, como el decreto que condiciona el indulto humanitario…

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Para interrumpir la pena.

Su sentido no es la venganza. Creo en el indulto humanitario, por la vida humana. El TC en el caso Crousillat establece que a mayor gravedad del delito, mayor debe ser el sustento para indultar. Hay que mirar el bloque de constitucionalidad: principios de la Constitución, normas de desarrollo constitucional y criterios que fija el TC.

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El TC anuló ese indulto…

Y dijo que un indulto puede ser revisado en su constitucionalidad. En el caso Crousillat, determinó nulidad porque la salud no era la que alegó.

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Kuczynski dice que evalúa con médicos la salud de Fujimori, pero no hay proceso según la norma. ¿Cómo lo toma?

Es legítima su preocupación. Puede pedir informes sobre la salud de cualquier interno que podría pedir indulto. Pero debe seguirse el procedimiento establecido, que supone solicitud e informes de salud. Por la exigencia que plantea el TC, la Comisión de Gracias debería pedir otros informes. El reglamento lo permite y habría que garantizar la veracidad de los informes médicos. Podría hacerse a instancias internacionales creíbles, como la Organización Mundial de la Salud y la Cruz Roja.

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Para muchos, hay una decisión política y ante algunos pasos, como lo sucedido con la Comisión de Gracias, hay inquietud. ¿Qué le parece?

Es una inquietud legítima. El indulto no puede ser mecanismo de transacción política sino superioridad moral ante quien delinquió. Es la capacidad de perdón de la pena, no del delito. Pero el perdón, en tradición judeocristiana, supone el arrepentimiento. Podría ser espacio de reconciliación, pero con arrepentimiento y cumpliendo la norma.

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La comisión ha estado integrada por representantes de las iglesias y de la sociedad civil vinculadas al tema de derechos humanos. ¿Por qué?

Estas comisiones han tenido figuras muy relevantes. En los ochenta, vocales jubilados de la Suprema. En los noventa, Hubert Lanssiers, de enorme talla moral y amplio conocimiento penitenciario. Luego, figuras muy representativas y de alto rango, de la Comisión Episcopal de Acción Social, del mundo evangélico, un embajador muy identificado con los derechos humanos, el vicepresidente del INPE. Se requieren personas de gran idoneidad para una tarea tan delicada: variar una decisión judicial, de otro poder del Estado, sobre un número significativo de condenados o procesados.

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Se pretendería dar a Fujimori indulto y una gracia por casos pendientes. ¿Qué opina?

El indulto suspende la pena de los condenados. La gracia presidencial se aplica a procesados, pero la norma establece también las condiciones. Habría que ver si se cumplen en el caso de Fujimori. Tienen que ver con una detención prolongada en relación al periodo de investigación.

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¿No se cumplen?

No estoy seguro porque en el caso de algunos delitos recién se ha aprobado la extradición, con lo cual recién empieza la investigación.

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Por tanto, no se cumpliría en el caso de la matanza de Pativilca y otros por iniciar…

Así es.

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¿Una decisión del gobierno así, sin seguir la norma, qué mensaje deja a la ciudadanía?

Confío en que el Ejecutivo actúe conforme a derecho. Si no, se daría una señal equívoca. El indulto no puede ser la reivindicación de quien ha cometido un delito. Se sentaría un grave precedente y habría tensión con acciones jurisdiccionales para lograr nulidad.

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¿Hay posibilidad de éxito?

Recomiendo mirar la sentencia del TC en el caso Crousillat. Hay gran semejanza. El TC tendría que pronunciarse de modo semejante. Y Perú no es una isla: podría irse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y su jurisprudencia es contundente al respecto.

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Pero con todas estas señales, ¿cómo confiar en que el gobierno seguirá las normas?

El ministro de Justicia es un hombre de derecho y tiene una trayectoria. Por supuesto, no deja de generar inquietud una designación reciente y la renuncia inmediata del señor Franchini. Situaciones como esa podrían deslegitimar no solo un eventual indulto a Fujimori, sino muchos otros actos sobre centenares de personas que están a la expectativa de las gracias presidenciales.

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¿Cómo ve la situación de Humala y Heredia, habiendo sido ministro de su gobierno?

Es una prisión injusta. Pese a haber transcurrido casi tres años de investigación, no hay acusación formal del fiscal. La Sala Superior, al revisar la resolución del juez Concepción Carhuancho, rechazó la mayoría de sus fundamentos, pero ha mantenido tres igualmente deleznables: el poder otorgado para autorizar la salida del país de sus hijas, que solo facilita el ejercicio de un derecho constitucional de las menores; la supuesta intención de Heredia de alterar sus grafías, en base a un peritaje de parte, de la Fiscalía; y la supuesta relación con Odebrecht, que no podría ayudarlos porque esta hizo la delación.

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Y compra de testigos…

Una supuesta compra de testigos en otro proceso penal, sin más elementos que reportajes periodísticos. Ninguno de los elementos referidos evidencia un riesgo de fuga. La privación de libertad de los Humala debe ser revocada y deben afrontar el juicio en libertad, haciendo efectivo el principio universal de presunción de inocencia, más aún cuando no hay acusación.

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Fuente: la República

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