Poder Ejecutivo

El Poder Ejecutivo presentó una iniciativa legal para impedirles a las personas sentenciadas por los delitos de lavado de activos, terrorismo, corrupción y contra la administración pública prestar servicios en el Estado.

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Así, la propuesta enviada al Congreso plantea que los ciudadanos con condena consentida por los delitos de lavado de activos, apología del terrorismo, terrorismo, colusión, peculado y corrupción de funcionarios no podrán trabajar en la administración pública.
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El Gobierno también propone la obligación de inscribir las condenas en el Registro de Sanciones para Servidores Civiles y de notificar las mismas por parte del Poder Judicial ante la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).
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Igualmente, establece el deber de los deudores de reparación civil de informar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos su domicilio real y actividad económica.
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Dicha información debe ser incluida en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por delitos en agravio del Estado, agrega el proyecto.
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La iniciativa legal del Ejecutivo señala como requisito para acceder a un puesto en el Estado no tener sentencias condenatorias por los ilícitos descritos anteriormente ni sanción administrativa que acarree inhabilitación.
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Por último, la propuesta legislativa busca la modificación del artículo 100 del Código Penal para que la acción civil sea inextinguible.
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