Personas con habilidades diferentes esperanzados que Defensor del Pueblo pueda ayudar a cristalizar sus demandas.

Paucarpata. Amanda Mamani Coyla (49) era una microempresaria exitosa de compra y venta de madera. Pero, en mayo de 2016, la cúster de placa V15-728, conducida por Lamberto Vilca Queñalla, la atropelló con tanta fuerza que la tiró a otro carril donde un segundo auto la arrolló. Desde ese entonces, tiene la columna, pies, piernas y cadera con daño severo. Apenas puede caminar con un bastón.

Solicitó un Certificado de Discapacidad que se entrega en el hospital Honorio Delgado y se lo dieron, pero no consideraron sus daños severos, los médicos no evaluaron su historia clínica y concluyeron que tiene discapacidad moderada. Este documento la perjudicó. Su microempresa quebró porque no pudo pagar su préstamo y el banco que le dio el dinero está a punto de embargarle su maquinaria.

Así como el caso de Amanda hay otras nueve víctimas que no pueden recibir un certificado por discapacidad severa, a pesar de tener historias clínicas que comprueban su mala condición de salud. Ellos se reunieron el viernes 16 de marzo con el defensor del Pueblo, Ángel María Manrique, y éste se comprometió a apoyarlos. Porque ni Conadis, ni otra institución los escucha.

LA AFOCAT INDIFERENTE

Cuando atropellan a Amanda estuvo en coma por 15 días en el hospital Honorio Delgado. Al despertar se enteró que fue atendida por la subvención del Soat Rímac, que tenía el segundo auto que la atropelló. El principal culpable, Lamberto Vilca, no recibió sanción. La cúster de dicho chofer tenía Afocat La Única y el hospital no quería atender a Amanda porque dicha Afocat le debe dinero.

Cuando el Soat llegó a su límite y necesitaba más dinero para su atención, Amanda visitó la Afocat La Única, donde fue ignorada. “Gracias a la Cámara Pyme presenté una queja en Indecopi y la dueña, Doris Barrios, me llamó y dijo que pagaría todo lo que necesite. Me citó en una habitación sin luz. Me dijo que firme un documento para que la ayude con prontitud. Me dieron 2.500 soles para que no haga denuncias, pero con el compromiso que pagarían todos los gastos de mi tratamiento. Estaba sola, atemorizada que me hagan daño y cometí el error de firmar. Ahora no me quieren dar nada”, explicó.

Ella regresó para honrar el compromiso de la Afocat de apoyarla en toda su terapia y nadie quiere atenderla. En el 2017, la Superintendencia de Banca y Seguros le explicó que por firmar ese documento perdió el cobro mensual de 4 UIT (16,600 soles), mientras dure su tratamiento.

DRAMA CONSTANTE

El drama de los discapacitados por accidentes de tránsitos es constante por errores en la entrega de certificados de discapacidad y por las Afocat. Amanda ahora lucha para que le cambien la condición de discapacidad moderada a severa. Ese documento la salvará de perder su maquinaria.

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