Ayer continuaban los paneles que publicitan el rostro del alcalde de Uchumayo.

Cercado. Varias autoridades arequipeñas incumplen las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que prohíbe la publicidad estatal e impone el principio de neutralidad. Desde el 10 de enero (día en que se convocó a elecciones) está prohibido que las autoridades y funcionarios realicen proselitismo en actos públicos y les exigen que mantengan la neutralidad.

Una de las autoridades que incumple esta disposición es el edil de Uchumayo, Gilmar Luna Boyer, quien es precandidato por el movimiento regional Arequipa Renace a la alcaldía de La Joya. Desde enero hasta ayer domingo, fotografías con el rostro del edil se exhiben en los paneles de ingreso a Congata. En los avisos, la comuna publicita obras y logros de la gestión actual.

Pero el artículo 18 de la Resolución N° 0078-2018-JNE prohíbe que: “Ningún funcionario o servidor público perteneciente a una entidad puede aparecer en publicidad estatal, a través de su imagen, nombre, voz, cargo o cualquier otro medio que de forma indubitable lo identifique”.

El abogado especialista en derecho municipal, Jorge Sumari, recuerda que la sanción por vulnerar estas normas electorales va entre S/ 121.500 hasta S/ 405.000, según la gravedad. “Esto está ocurriendo en varios municipios. Si bien el alcalde es el infractor, la multa va a venir contra la municipalidad. De probarse esta falta se causaría un grave perjuicio al presupuesto municipal porque tendrían que pagar las multas al JNE”, alega.

¿Y LA NEUTRALIDAD?

El 12 de marzo varios alcaldes y militantes de Arequipa Renace desfilaron en la Plaza de Armas por el décimo segundo aniversario de este grupo político.

Estuvieron Alfredo Zegarra, alcalde de Arequipa, Omar Candia, de Alto Selva Alegre, y Ronald Ibáñez, de José Luis Bustamante y Rivero. Ellos habrían vulnerado el principio de neutralidad electoral. El artículo 30 de la resolución del JNE especifica las infracciones: “Practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato”. La multa igualmente es entre 30 y 100 UIT (cada UIT vale S/4.150).

Sumari arguye que las autoridades primero deben renunciar a sus cargos para hacer proselitismo. “Una autoridad no puede, en pleno ejercicio, exponerse a estos actos. Estarían usando su cargo con un fin político”.

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