Tacna. El Poder Judicial rechazó la medida cautelar solicitada por la procuraduría del Gobierno Regional de Puno contra el Gobierno Regional de Tacna (GRT) al acusar de perjuicios ambientales a la vecina región por la ejecución del proyecto Vilavilani II-Fase I.

.
El proyecto incluye los componentes de la construcción del canal Vilachaullani-Calachaca-Chuapalca y la planta de bombeo Ojos de Copapujo, en Tarata, cerca del límite territorial de ambos departamentos.

.
El juez del Tercer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, Guido Armando Chevarría Tisnado, resolvió en contra del pedido de medica cautelar presentado por la procuradora regional de Puno, Belinda Marisol Vilca Chávez.

.
“En tales condiciones citadas, (…) dejar sin efecto un proceso –vía medica cautelar– sin verificar la amenaza inminente de la vulneración de derechos constitucionalmente protegidos generaría un perjuicio irreparable”, señaló el juez, según expuso la gerente general del Gobierno Regional de Tacna, Sheillah Miñano, en una audiencia pública de rendición de cuentas realizada ayer en el centro de convenciones Jorge Basadre.

.
EXCLUSIÓN
Miñano subrayó que en la resolución el juez consideró que en la zona de ejecución del proyecto Vilavilani no existen comunidades indígenas o nativas sino comunidades campesinas. “Y esto no los incluye en el proceso de las acciones previas que ellos están solicitando para que se lleve a cabo este proyecto”, enfatizó la funcionaria regional.

.

Demandados por procurador. Los demandados eran el Proyecto Especial Tacna, los integrantes del comité de selección de la convocatoria de licitación pública del canal Vilachaullani y la planta de bombeo Ojos de Copapujo, el gobernador regional Omar Jiménez y la procuraduría del GRT.

Edición digita